Poco después de su instalación, una asociación, el Movemento polos Dereitos Civís, denunció que no cumplían con la normativa ante la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD). Ese organismo dio la razón a los denunciantes y emitió una resolución por la que obligaba al Ayuntamiento a redirigir los dispositivos hacia recintos propios -no a la vía pública- o a retirarlos. 11 de octubre de 2011
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